Preocupa a CNDH demora y rezago en trámites para obtener condición de refugiado, y disminución presupuestal a COMAR, de 25.7 a 20.8 millones de pesos
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) externó su preocupación por el recorte al presupuesto de este año para la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), que recibió solo 20.8 millones de pesos, cuando en 2018 fue de 25.7 y en 2017 de 25.4 millones de pesos, disminuyó de manera sensible, a pesar de que en la actualidad existe mayor demanda de solicitudes de refugio, ante lo cual este Organismo Constitucional Autónomo considera que la austeridad gubernamental no debe afectar los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad.
De acuerdo con cifras de la COMAR, en 2018 hubo 29,647 solicitudes de la condición de refugiado, lo que significaría casi 100% más que el año 2017, el cual representó el doble de las presentadas en el año 2016. Ello implica que cada año se alcanzan números históricos en las solicitudes de la condición de refugiado en México.
Sin embargo, su tramitación y resolución se ha rezagado de manera considerable desde 2017, debido a la suspensión temporal de actividades de la oficina de la Ciudad de México de la COMAR a raíz de los sismos de ese año, así como por la saturación de casos de personas solicitantes y la falta de recursos humanos y materiales de dicha autoridad.
En las últimas cifras reportadas de 2018, respecto de solicitudes resueltas la COMAR
manifestó que reconoció la condición de refugiado y la protección complementaria a 2,868
personas, cuando el número total de personas solicitantes fue de 29,647 de las cuales 13,669
procedían de Honduras; 6,351 de Venezuela; 6,189 de El Salvador; 1,348 de Guatemala; 1,271
de Nicaragua; 218 de Cuba y 601 de otros países. Para mayo de 2019, las cifras de solicitantes
registran: 24,424 personas, de las cuales 13,023 son de Honduras; 3,685 de El Salvador; 3,048
de Venezuela; 1,285 de Guatemala; 962 de Nicaragua; 1,666 de Cuba y 755 de otros países.
Comisión Nacional
subraya la importancia de que se asignen a la COMAR los recursos humanos y económicos
necesarios para atender a miles de personas solicitantes de la condición de refugiado en
México y brindarles de manera inmediata y conforme a los tiempos que marca la Ley de
Refugio, Asilo Político y Protección Complementaria la atención necesaria, adecuada y
prioritaria, dada su situación de vulnerabilidad.
Además de lo anterior, la decisión de recibir en los estados fronterizos del norte del país a
solicitantes de asilo ante la autoridad norteamericana, hace necesario realizar un análisis
detallado de las consecuencias jurídicas de dicha política, pues México estaría contribuyendo
a la transgresión del principio de no devolución que toda persona solicitante de protección
internacional tiene ante el país que realiza su solicitud; por lo que se requiere un plan definido
y determinado, así como protocolos que establezcan las facultades y competencias de las
instancias que intervienen de manera coordinada, pues la realidad actual es que los albergues
de los gobiernos municipales, estatales y aquellos establecidos por la sociedad civil están
rebasados en infraestructura física y humana.